La búsqueda y puesta en valor de los recursos hidrocarburíferos no convencionales de la Provincia de Neuquén impone una modernización y “puesta a punto” del marco regulatorio vigente en la Provincia. Según fuentes legislativas, la Legislatura Neuquina analizará un paquete de leyes específicas para el desarrollo de los esquistos con el fin de ajustar la legislación a los requerimientos que implica la explotación de yacimientos no convencionales.

Por un lado se extenderían los períodos de concesión y las definiciones respecto de la forma de ordenar el traspaso de áreas vencidas a la provincia, mientras que por otro, se fortalecerían los aspectos de la gestión ambiental que han generado controversias y polémicas con algunos grupos ambientalistas. Los proyectos legislativos apuntar a fortalecer la prohibición del uso de aguas subterráneas aptas para el consumo humano, la obligatoriedad del tratamiento del agua de retorno (flowback), ordenando su vuelco en los lugares aprobados por las autoridades de aplicación, prohibiendo los vertidos sobre cursos hídricos superficiales. Por otro lado, se obligará a las empresas a declarar los productos químicos que utilicen durante sus actividades, creando  un registro de productos y sustancias químicas a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Provincia.

Al igual que otras iniciativas en otras provincias, el paquete de leyes en discusión promoverá  la implementación de acciones de responsabilidad social y comunitaria en zonas cercanas a sus áreas de influencia.

La justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar contra el pozo exploratorio en El Trébol de YPF, en la provincia de Chubut, en el marco de la causa caratulada “Pintihueque, Marcelino Luis C/Estado de la Provincia del Chubut y otra s/medida cautelar - Prohibición de Innovar” en trámite ante el Juzgado Laboral Nro 2 a cargo de la Jueza Iris Pacheco. El peligro declarado es la afectación del acuífero debido a la utilización de la fractura hidráulica, y la salud de la comunidad mapuche de la cual el accionante forma parte. Se dictó la medida cautelar hasta tanto recaiga resolución en las actuaciones principales: “Pintihueque Marcelino Luis s/Acción de Amparo”.

Según fue informado por YPF a la prensa local, las fracturas ya se realizaron y que el pozo está en plena producción exploratoria.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz aprobó el proyecto de ley N° 61/14 que crea la Reserva Provincial Humedales del Lago Viedma. El objetivo de su creación es “conservar y manejar la fauna y sus ambientes, recuperar y mantener el suelo y pastizal, reintroducir especies autóctonas en sus diferentes hábitat, una vez mejorados; realizar estudios científicos de las especies presentes y determinar lugares con fines turísticos”.

La superficie aproximada es de 300 hectáreas y brindan un “excelente hábitat para una gran diversidad de especies de aves, es especial para la reproducción y crías”. Las especies que se detectaron y se consideran de gran importancia son el Chorlito Ceniciento, endémico de la Patagonia Austral, y la Gallineta Chica, de la que sólo se conocían “unos 20 ejemplares de museo” y había sido declarada “en peligro”.  (La cachana)

El Senado dio media sanción al proyecto de Ley que crea el Parque Nacional Patagonia en la zona ubicada al sur de las localidades de Los Antiguos y Perito Moreno. El área que abarcará el nuevo Parque Nacional es una meseta patagónica que alberga numerosas lagunas en las que el Macá Tobiano, un ave que migra en el invierno y que está en vía de extinción, encuentra las condiciones necesarias para su nidificación.
A su vez, además de la flora y fauna patagónica, entre las que se incluyen algunas especies endémicas, se encuentra una variedad de manifestaciones arqueológicas, destacándose petroglifos y parapetos.
La decisión fue recibida con entusiasmo por parte de diferentes ONG´s como Aves Argentinas, Ambiente Sur y la Fundación Flora y Fauna en la región, que desde el año 2007 vienen trabajando para la conservación de la biodiversidad de esa zona.
Según un comunicado de la Administración de Parques Nacionales, la custodia por parte de ese organismo ya comenzó en forma previa a la creación definitiva del Parque Nacional, de acuerdo a lo previsto en la Ley Provincial de Cesión de Jurisdicción sancionada en 2013.

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del viernes pasado la ley 26932 que aprueba el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Repsol por la expropiación del 51 por ciento de las acciones de esta en YPF. Luego de un largo debate, el oficialismo, con el apoyo de sus aliados parlamentarios, logró sancionar el proyecto con 135 votos afirmativos, 42 abstenciones del Frente Renovador, de Unión PRO y de Compromiso Federal, y 59 votos negativos del radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP), la Coalición Cívica ARI, el Frente de Izquierda, Unidad Popular y el Partido Fe de Venegas.

La titular del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, defendió la iniciativa al asegurar que se trata de “un acuerdo que a todas luces es beneficioso para nuestro país  y acusó a la oposición de hacer ‘verdaderas peripecias para oponerse al acuerdo”. En respuesta a los dichos  de la legisladora oficialista,  el radical Mario Negri, aseveró que “con la aprobación de hoy se cierra un ciclo de 20 años de la peor política energética llevada adelante por el peronismo. En la década del ’90, desguazando YPF y en esta última década destruyendo el mayor logro que era el autoabastecimiento”.  La sanción de la Ley pone un punto final al conflicto que desencadenó la decisión de expropiar la compañia petrolera insignia del país en 2012, con las consiguientes incertidumbres para las inversiones petroleras en los yacimientos no convencionales promisorios en la cuenca neuquina.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, junto a otros integrantes del Máximo Tribunal de la República Argentina, presentó en dia 24 de abril a la Oficina de Justicia Ambiental, creada por el Máximo Tribunal en virtu de la Acordada 1/14, suscripta el 11/02 del corriente año.

El acto, realizado en el Palacio de Justicia, contó con la presencia de numerosos jursitas y referentes del ambientalismo del país y del exterior, junto a artistas, escritores y otras figuras de la cultura. En su alocución, el Dr. Lorenzetti destacó la imporancia del compromio de la Justicia con la defensa del ambiente y la promoción del desarrollo sustentable, en tanto "cambio de paradigma" necesario para que la Humanidad pueda afrontar los desafíos ambientales que enfrenta en la actualidad y en los próximos años. Señaló también la importancia de que la Justicia, en tanto constituye uno de los poderes del Estado, se involucre activamente con el compromiso ambiental en tanto Política de Estado. El acto concluyó con la lectura de una Declaración Pública, a cargo de la artista Nacha Guevara, quedando abierta a la firma de los asistentes presentes en el acto.

 La Acordada 1/14 se encuentra disponible en le Digesto del IAPG

La Procuración General de la Nación emitió el día 18/03/14, su dictamen en la causa "Fundación Medio Ambiente c/Estado Nacional PEN  Decreto 1638/12 s/ cautelar" en favor de la constitucionalidad del régimen de seguros introducido por el Decreto 1638/12. La acción fue promovida por una organización no gubernamental alegando que el régimen de contratación de seguros establecido en el cuestionado decreto no se ajustaba a los requerido en la Ley General del Ambiente (Ley 25675), entendiendo que la eliminación de la remediación obligatoria a cargo de operadores habilitados a tales efectos en conjunto con las aseguradoras, desvirtuaba la obligación de recomposición estipulada en el artículo 22 de la LGA. En función de ello, la actora solicitó una medida cautelar para dejar sin efecto el Decreto 1638/12, manteniendo la obligatoriedad del régimen vigente hasta entonces, restringido a los seguros bajo la modalidad de la caución, asociados a los contratos entre los aseguradores y remedidadores.

El Dictamen de la Procuración no halló razonables los argumentos esgrimidos por la parte actora, entendiendo que las exigencias establecidas respecto de la obligatoriedad de contar con acuerdos con remediadores habilitados, excede las potestades reglamentarias y carece de sustento legal. En igual sentido, el Dictamen cuestióna los criterios de la justicia de primera y segunda instancia de haber otorgada una medida cautelar, arrogándose para ello atribuciones propias del Poder Administrador. Resta aguardar el pronunciamiento del Máximo Tribunal en una causa que ha traída conmoción y polémica en las discusiones academicas entorno a la imlementación del seguro ambiental.

La Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de amparo incoada contra YPF por la recomposición del daño ambiental de las principales cuencas hidrocarburíferas del país. El 6 de marzo del corriente, el máximo tribunal rechazó la pretensión de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, en el sentido de requerir la recomposición del daño ambiental y el cese de las actividade demandantes en ls provincias hidrocarburíferas. La Corte, siguiendo los precedentes de casos similares entabladas por otras ONGs el año pasado, entendió que la via del amparo (conforme lo establecido en la Ley 25675) no es la idonea para ventilar y resolver cuestiones de alta complejidad técnica, quedando desvirtuada su utilización para estas situaciones en las cuales, en donde además coexisten situaciones preexistentes, en curso y además, en una diversidad de jurisdicciones.

 YPF completaría en breve la adquisición de los activos de Apache en Argentina.  La compra se hará con fondos propios e incluye todos los activos locales de la petrolera norteamericana. Apache desembarcó en el país en  2006, pero, luego de diversas circunstancias ligadas al mercado hidrocarburífero en el país y la decisión de reorientar su política comercial en la región,  la compañía con base en Houston optó por la venta a YPF por un monto de  US$ 800 millones. La compra le permitirá a YPF incrementar su producción de hidrocarburos y en especial de gas, elemento clave ante las necesidades energéticas del país.

El Gobernador de la Provincia envió para su debate en las sesiones extraordinarias de la Legislatura Provincial varios proyectos con una fuerte impronta ambiental. Entre otras cabe mencionar el régimen de control y gestión integral de los “Aceites Vegetales y Grasas de Frituras Usadas (Aceites Vegetales Usados - AVUS), la conformación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria: “Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM”, una norma sobre Uso del Suelo y Habitat y finalmente la creación de un tributo provincial con fines ambientales denominado “Impuesto Ecológico”.  

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Rios, a través de un pronunciamiento de la sala de feria, hizo lugar a un planteo efectuado por un vecino por la utilización de fumigaciones terrestres en cultivos en zonas cercanas a poblaciones. En la causa "ARIZA, Julio César C/ PLEZ, Abelardo y otro S/ ACCION DE AMPARO" (Causa N° 20854), el Máximo Tribunal Entrerriano hizo lugar en forma parcial a una acción de amparo por una cuestión, que, a lo largo de los últimos tiempos, viene ventilándose con creciente frecuencia en los tribunales de diversas provincias con impronta agrícola. El Tribunal ordenó a la demandada en el amparo, entre otras cuestiones  a que "en ocasión de futuras fumigaciones observe el más estricto cumplimiento de todas las normas reglamentarias que rigen la materia, especialmente las referidas a la prohibición de pulverizar en la zona de seguridad de una extensión de 100 metros existente entre el lote a tratar y la casa"  de la parte actoral y "...de no utilizar productos en cantidades superiores a las recomendadas por los laboratorios, de no fumigar cuando el viento existente supere la velocidad indicada de 12/15 Km por hora y acatar rigurosamente las obligaciones de dar aviso previo fehaciente a los vecinos con la antelación requerida de 48 horas, y fumigar únicamente bajo la presencia de un ingeniero agrónomo..." Lasentencia es un reflejo de las tensiones existentes en la actividad productiva rural, causa impulsora a su vez de las crecientes regulaciones provinciales y municipales tendientes a imponer restricciones y condiciones al uso de agroquímicos

Mediante la sanción del Decreto 2525/13 (publicado en el boletín oficial el 17 de enero deo corriente, el Ejecutivo conformó un
Equipo de Trabajo para la elaboración de un Anteproyecto para la actualización de la Legislación Hídrica de la Provincia, con una sistematización y
actualización de la misma. El equipo está integrado por representantes de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mendoza, pudiendo estar asisitido por otras reparticiones y organizaciones expertas contando con la colaboración además de los organismos públicos involucrados con la gestión hídrica. La legislación hídrica mendocina data originalmente de 1884, siendo la más antigua del país y señera en el derecho público provincial.

Vuelve a surgir un viejo debate en Comodoro Rivadavia entorno a los pozos abandonados. A raíz de los planes anunciados por YPF para la reactivación de proyectos parados en zonas cercanas a la ciudad, tales como Bella Vista, Restinga Alí y el cerro Chenque, resurge la preocupación por la existencia de antiguos pozos abandonados.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en el ejido urbano de Comodoro Rivadavia habría unos 2.500 pozos abandonados. Esta circunstancia subyace la propuesta de la Senadora Graciela Di Perna de establecer un programa para identificar y sellar los pozos abandonados de hidrocarburos y recuperar las tierras para usos urbanos. La propuesta de Di Perna establecería la creación de un programa nacional con el objetivo de “identificar, localizar y registrar todos los pozos de hidrocarburos que se encuentren en situación de abandono, gestionando el sellado definitivo de los mismos y garantizando el aprovechamiento integral de las zonas adyacentes a los pozos sellados definitivamente, a los fines de usos de infraestructura social y desarrollo humano”. El proyecto también crearía un Fondo Nacional para la identificación y sellado de pozos abandonados de hidrocarburos. Según la Senadora, “… el Estado debe intervenir a los fines de garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad, salud, protección ambiental y desarrollo urbano y económico; de todas aquellas localidades que padecen la situación de pozos de hidrocarburos abandonados no adecuadamente…”

Resta ver, en el caso de que avance el proyecto, como se articulará esta exigencia normativa con iniciativas similares que ya funcionan en provincias como Santa Cruz y Chubut y las posibles implicancias de una duplicación de exigencias regulatorias.

Mediante la sancuión de la Ley 26.915, publicada en el Boletin Oficial el dia 09/12 del corriente se contemplan nuevas y duras sanciones para quienes encaren tareas de exploración sin autorización por parte de las autoridades pertinentes. La norma complementa la Ley 26.659, sancionada en 2011 con el fin de establecer los recaudos para las empresas actuantes en la Plataforma Continental Argentina. El marco nomrativo complementado con la reciente sancion de las nuevas penalidades se enrola en la estrategia de defensa de la soberania nacional sobre los recursos hidrocarburiferos "offshore" en las aguas alrededor de las Islas Malvinas

Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletin Oficial del 10/12/13, el Poder Ejecutivo Nacional introdujo una modificación a la estructura orgánica de ACUMAR, por la cual su titular, manteniendo el rango de Secretario de Estado que tenía bajo el regimen de la Ley 26.168, no debe ser a su vez, la maxima autoridad ambiental de la Nación. Bajo la ley de creacion de ACUMAR, en 2006, la presidencia de la Autoridad de Cuenca, integrada además por los representantes de la Provincia y La Ciudad de Buenos Aires, estaba en cabeza del Secretario de Ambiente de la Nación.

Con la publicación del Decreto 2103/13, se consolidan los trascendidos, en circulación hace unas semanas, en cuanto a una separación de ACUMAR del área de la Secretaria de Ambiente. Resta evaluar bajo que área de la administración recaerá la Autoridad de Cuenca a cargo de la las tareas de recomposicion ambiental impuestas por la Corte Suprema en la celebre causa "Mendoza"

El Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) avaló el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos del Plan Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas), para que sea tratado en el Congreso de la Nación. Dicha legislación establece los estándares o cuestiones ambientales, de cumplimiento obligatorio, a tener en cuenta sobre el manejo del Delta. Esto se dio en el marco de la asamblea ordinaria del Cofema que se realizó en Colón.
Además, durante la asamblea se trabajó en la elaboración de un documento de actualización y reafirmación del Pacto Federal ambiental de 1993, y cuyos ejes centrales son el cambio climático, la biodiversidad, la jerarquización de las áreas de ambiente y el desarrollo sustentable, entre otros.

El 26 de Noviembre del corriente, el STJ de Rio Negro se pronunció en contra de una Ordenanza Municipal que vedaba la fractura hidraulica en la jurisdicción local. En los autos " PROVINCIA DE RIO NEGRO C/MUNICIPALIDAD DE ALLEN S/CONFLICTO DE PODERES"  (ORDENANZA MUNICIPAL Nº 046/2013)" (Expte. N° 26731/13-STJ), la Corte Provincial declaró que las potestades legislativas del Municipio, al prohibir cierto tipo de tecnica para la explotacion de hidrcarburos, mediante la fractura hidraulica, avanza sobre atribuciones propias de la Provincia en materia de regulacion ambiental y de la actividad extractiva. 

El Senado aprobó y giró a Diputados un proyecto de Ley sobre Presupuestos Mínimos para la conservación, protección y uso racional de los humedales en todo el país.  El Proyecto fue sancionado por unanimidad. La iniciativa, originada en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable procura fortalecer la conservación de los humedales, y particularmente la protección de los recursos hídricos.El proyecto sería producto de un acuerdo político entre los diferentes bloques teniendo como base la definición de humedales establecidos en la Convención de Ramsar, ratificada por la República Argentina mediante Ley 23.919. La Norma de Presupuestos Mínimos busca articular el uso racional de los humedales en armonía con el desarrollo sustentable.